Blanqueo de capitales (XVI): No es necesaria la condena previa por delito

A Jesucristo le tocó cargar con una cruz bien pesada tras haber sido flagelado. A Sísifo le tocó sufrir una maldición y cargar a pulso una roca enorme hasta la cumbre de una montaña la cual, al llegar arriba, caía rodando por el otro lado y le tocaba volver a empezar, de nuevo, a subirla, todo ello en un bucle eterno. En mi caso, la curiosa maldición que me ha tocado en suerte es gustarme la investigación de los delitos económicos y nacer en la época equivocada, una época donde no pocos jueces estudian tirando a poco esa materia y de un plumazo te tiran por la borda un asunto razonablemente trabajado.
En concreto, hablando de blanqueo de capitales, cuando ni la defensa te lo ha planteado, inventarse una suerte de condición objetiva de punibilidad: que el delito antecedente deba gozar de condena previa. Así, cómodamente, se evita entrar en el fondo del asunto. Pero ¿sostiene eso el Tribunal Supremo?

La STS 672/2016, de 21-VII-2016, ponente Excmo. Manuel Marchena Gómez, de modo claro señala lo contrario. Así, el Fundamento Jurídico 3 B sostiene:

B) Al margen de lo expuesto, el recurrente desenfoca el entendimiento jurisprudencial del derecho a la presunción de inocencia cuando éste se relaciona con el delito que ha determinado la condena de Jose Luis. En efecto, decíamos en la STS 974/2012, 5 de diciembre , que “… ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de receptación se exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. La ausencia de semejante requisito en el tipo cuestionado es, por lo demás, rigurosamente lógica desde una perspectiva de política criminal puesto que, tratándose de combatir eficazmente un tráfico de drogas en todos los tramos del circuito económico generado por dicha delincuencia, carecería de sentido esperar, en la persecución penal de estas conductas, a que se declarase la responsabilidad de quien en el tráfico hubiera participado”. En igual sentido, la STS 928/2006, 5 de octubre, precisaba que “…el origen delictivo de los bienes es evidentemente un elemento del tipo penal objetivo con todas las consecuencias que de ello se derivan. En lo que aquí interesa como elemento del tipo debe ser objeto de la prueba, y, en este sentido se debe destacar que no rige al respecto ninguna regla especial. Por lo tanto, son aplicables a la prueba del “origen delictivo de los bienes” los principios enunciados en las SSTC 174/85, 175/85 y 229/88, según las cuales el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria”. Es decir: el delito origen de los bienes puede ser probado por indicios y no es necesario, pues el texto del art. 301 CP no lo exige, que exista una sentencia judicial que lo haya constatado en un proceso anterior determinado, sin que el acusado por el delito del art. 301 CP haya sido el autor del delito”.

En definitiva, el tipo penal de blanqueo no exige la previa condena del delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan, sino que queda integrado con la mera existencia de bienes o ganancias procedentes de un anterior delito (cfr. STS 198/2003, 10 de febrero; 483/2007, 4 de junio y 1372/2009, 28 de diciembre, entre otras muchas). Y la jurisprudencia ha establecido que no es preciso acreditar una condena anterior por el delito del que proceden los bienes o dinero lavado, siendo bastante con establecer la relación con actividades delictivas y la inexistencia de otro posible origen del dinero, en función de los demás datos disponibles. Dicho de otra forma, que dados los indicios, la conclusión razonable sea su origen delictivo (cfr. STS 154/2008, 8 de abril).”.

Y aprovecho a dejarme lista la cuestión del recurso. La Sala, los tres magistrados, sostienen que contra su sentencia solo cabe casación, cuando las diligencias previas se incoaron en 2016 (si bien el delito se consumó en mayo de 2015). Es decir, tenemos incoación tras la Ley 41/2015 y hechos anteriores a dicha ley. El recurso a escoger es muy importante por dos razones: para preparar la casación ante el Supremo solo hay 5 días, mientras que la apelación ante el TSJ es de 10 días (846 bis b LECRIM). Pero, sobre todo, porque como vimos en este reciente post (VER AQUí), el TS se ha lavado las manos en el sentido de que si las partes procesales interponen el recurso erróneo, por mucho que la resolución impugnada les haya llevado a un error, el problema es de las partes. Esto me parece un abuso, especialmente porque se debe partir de la presunción de que algo que te aparece en una resolución judicial es correcto y no se deberían anudar consecuencias negativas para quien la ha seguido en su literalidad, pero es lo que hay.

Bien, centrándonos en la cuestión de diligencias incoadas tras la Ley 41/2015 pero por hechos anteriores a la misma, hay que citar la Disposición Transitoria única punto 1: “1. Esta ley se aplicará a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor.”.

De hecho, en el blog ya citamos en el post de 7-XII-2017 (ver AQUÍ), la sentencia 29/2017, de 26-IX-2017, dictada por el TSJ de Cataluña, sobre delito fiscal del IVA del ejercicio de 2010 (pagadero en 2011) y, por tanto, anterior a la Ley 41/2015, incoándose la causa tras la Ley 41/2015 y que tuvo recurso de apelación, ante el TSJ de Cataluña. Debe de ser que en Barcelona y en Galicia no se maneja la misma LECRIM. Resultaría “ideal” trabajar un recurso de casación ante el Supremo, siguiendo lo dicho en la sentencia, para que bien la Fiscalía del TS o bien el propio Tribunal inadmitiera a trámite el recurso sin entrar en el fondo por un error provocado por el propio tribunal a quo. Lo atento que hay que estar.

En otro orden de cosas, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delito medioambiental por vertidos de pinturas pesadas en las proximidades de un río. Para quien tenga interés puede leer las sentencias:

Sentencia del Tribunal Supremo 289/2018, de 14-VI-2018, ponente Excmo. Alberto Jorge Barreiro. Enlace -> AQUÍ.

Sentencia de origen, sentencia 54/2017, de 10-II-2017, de la Sección 2ª de la Audiencia de Coruña, ponente Ilmo. Luis Barrientos Monge. Enlace ->AQUÍ.

En todo caso, el merito del trabajo bien hecho es del SEPRONA de la Guardia Civil, tras un laboriosísimo atestado.

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Hasta qué punto es segura una huella dactilar y cómo podrían averiguar nuestra clave por la pulsación de teclas

En este artículo queremos abarcar dos temas que pueden ser interesantes para los usuarios de cara a la seguridad. Ya sabemos que para quienes utilizamos dispositivos móviles hay dos aspectos fundamentales: la privacidad y la seguridad. En los últimos tiempos ha cambiado mucho la manera en la que encendemos nuestros dispositivos. Hemos dejado, al menos en muchos casos, a un lado los códigos numéricos. Muchos accedemos a nuestro móvil con la huella dactilar. Vamos a ver si es realmente segura. También vamos a explicar cómo podrían averiguar nuestra clave mediante las pulsaciones y el residuo que dejamos.

¿Es realmente seguro el uso de huella dactilar?

Existen muchas maneras de bloquear nuestro dispositivo. Podemos poner simplemente un código, también podemos optar por un patrón, huellas dactilares, etc. También podemos utilizar nuestro dedo para identificarnos en diferentes páginas y plataformas. Existen herramientas, extensiones para el navegador incluso, que pueden registrar nuestras huellas dactilares para ayudar a identificarnos.

Sin embargo un estudio reciente, según indican en Ghacks, refleja que estas herramientas no son tan seguras. Han realizado diferentes pruebas para determinar si podrían generar algún tipo de errores que afecten a la privacidad de los usuarios.

El resultado demostró que pueden identificar huellas dactilares alteradas en el navegador. Incluso es posible descubrir los valores originales de los atributos que fueron alterados. Pusieron como ejemplo la función de protección de huellas dactilares de Firefox. Indicaron que cambia del usuario del navegador a uno genérico.

Por otro lado, otros estudios anteriormente demostraron que es posible crear huellas dactilares genéricas. Éstas mantienen patrones genéricos que las convertirían en “huellas maestras”. Una manera de crear una huella artificial que pudiera acceder a nuestro dispositivo.

Seguridad de una huella dactilar

Por tanto el uso de la huella dactilar como medida de seguridad puede ser interesante, pero no es tan segura como podemos imaginar. Lo ideal es combinarla con otra medida como puede ser un código PIN.

Robo de contraseñas a través del residuo en el teclado

Siguiendo con la seguridad de nuestros dispositivos, según publican hoy en Bleeping Computer, podrían averiguar nuestras contraseñas a través del residuo que dejamos con los dedos. Evidentemente estamos ante una técnica que, si bien ha sido probada en la Universidad de California, es difícil que llegue a afectar a un usuario corriente.

Esto se aplica principalmente a los teclados físicos. Alguien podría, a través de una cámara térmica, captar las últimas pulsaciones de teclas de hasta un minuto antes. Según los investigadores, este tipo de ataques se podría utilizar para recuperar una cadena de texto corta. Serviría para detectar códigos de acceso, PIN bancario, etc.

En el estudio los investigadores hicieron que 31 personas escribieran en cuatro teclados diferentes. A través de las imágenes térmicas que capta la cámara lograban descifrar estas claves.

Residuo que queda en las pulsaciones de teclado

Estas contraseñas o claves de acceso podrían ser descubiertas hasta 30 segundos después de haber sido pulsadas. Sin embargo fueron capaces de recuperar texto, al menos de manera parcial, hasta un minuto después.

María José Segarra ya es fiscal general del Estado

Una vez cumplido el rito de paso en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el que sus dos padrinos, el magistrado del Alto Tribunal, Rafael Sarazá, y el fiscal de Sala, José María Paz -su preparador-, la introdujeron a su nueva condición de fiscal general del Estado, María José Segarra Crespo lo celebró con los suyos en la sede de la Fiscalía General, en la calle Fortuny.

En el Palacio de Justicia que una vez fue monasterio de las monjas salesas quedaron autoridades como Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, y sus compañeros Carlos Ollero, Santiago Martínez-Vares, Juan Antonio Xiol Rius, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer Castejón, Antonio Narváez o Pedro González-Trevijano.

También su antecesor, Julián Sánchez Melgar, recién regresado a su puesto de magistrado del Supremo, también los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, y Barcelona, Francisco Javier Barrientos, junto con la magistrada del TSJ de Madrid, Susana Polo, los tres aspirantes a una de las plazas vacantes de la Sala de lo Penal, José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional y los vocales José María Macías, Álvaro Cuesta, Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Pilar Sepúlveda, Nuria Díaz Abad o “el nuevo”, José Antonio Ballestero, así como la directora de la Escuela Judicial Gema Espinosa.

María José Segarra durante su corto discurso.
Plano general del patio interior donde tuvo lugar el discurso y luego el ágape. 

Y, por supuesto, el Ministerio de Justicia en pleno, con la titular, Dolores Delgado, el secretario de Estado, Manuel Jesús Dolz, y Antonio Viejo, nuevo secretario general “in pectore” que ya está trabajando en su nuevo puesto a la espera de que se fije un día para su toma de posesión oficial.

Victoria Ortega, en representación del Consejo General de la Abogacía Española, y Juan Carlos Estévez, su homónimo del universo de los procuradores.

  En el patio interior de la Fiscalía General del Estado la cosa fue más concentrada en “materia fiscal”.

En primera fila el “número dos” de la Fiscalía, Luis Navajas, teniente fiscal del Supremo, que tuvo un accidente previo. Se cayó y se rompió el pie y no pudo hacer de padrino. Pero ayudado de una muleta pudo asistir al acto. También el Consejo Fiscal en Pleno, miembros electos y natos, como Fausto José Cartagena, su antecesora, Consuelo Madrigal, y sus compañeros de Sala en el Supremo, Javier Zaragoza, Pedro Crespo yMariano Fernández Bermejola fiscal de Sala Coordinadora en materia de Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, o la fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional, Rosa Ana Morán Martínez, así como fiscales superiores y fiscales de provincia llegados de toda España.

Cuando Segarra tomó la palabra, sobre un pequeño estrado, con el cuadro de la reina Isabel II a su espalda, la nueva fiscal general del Estado hizo una intervención concentrada de la que diez días antes realizó ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

En esta ocasión reveló que la Fiscalía va a hacer un estudio serio de cargas de trabajo junto con otro sobre las necesidades del Ministerio Fiscal.

No se desvió de los explicado días antes a los señores diputados. Sabe que las circunstancias en las que ha entrado a ser fiscal general del Estado son especiales y va a sacarles el mayor partido que pueda. Las expectativas son altas.

Roser Bach: “Hay un aumento injustificado en la aplicación del Derecho Penal”

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Roser Bach abrió ayer el debate sobre la evolución del Derecho Penal destacando que existe “un aumento injustificado de su aplicación”.

Lo hacía en su intervención ‘¿Más Derecho Penal?’en la Escuela de Verano que se celebrará hasta el 13 de julio en el pazo de Mariñán (A Coruña), en la que Bach también advirtió de que este aumento “carece de relación con necesidades reales y de fundamento en estudios criminológicos”.

El proceso de expansión del Derecho Penal, según señaló la vocal progresista, se ha concretado en que su intervención punitiva ha cobrado un protagonismo “cada vez más importante” en las políticas públicas, así como en el incremento de los bienes jurídicos, de las figuras típicas y del ámbito de aplicación de los tipos penales existentes.

Bach también se refirió al “abandono paulatino de los principios característicos” del Derecho Penal clásico para derivar en el llamado “derecho moderno o de la modernidad”.

El director de cine y periodista especializado Santiago Tabernero introdujo en la primera mesa redonda de la Escuela de Verano del Poder Judicial el debate sobre la libertad de expresión artística y los efectos morales de la trivialización de la violencia en el espectador digital del siglo XXI. En la reflexión también intervinieron el fiscal Eduardo Torres Dulce, el profesor de Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia Vicente Garrido Genovés y el vocal del CGPJ Enrique Lucas Murillo de la Cueva.

La Abogacía elabora un protocolo sobre suspensión de vistas para la conciliación de los letrados

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) presentará, en los próximos días, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la propuesta de protocolo sobre suspensiones de vistas que se ha elaborado en el marco de las XIII Jornadas de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ), celebradas el pasado 29 de junio.

“Estamos hablando de una carencia que venimos demandando desde hace años. Es cierto que hay algunos Colegios que tenían algunos protocolos con sus Tribunales Superiores de Justicia. Pero desde el CGPJ nos pidieron que unificásemos postura en este asunto”, relata Marga Cerro, coordinadora del grupo de trabajo, presidenta del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha y decana del Colegio de Abogados de Talavera.

Y recuerda que el actual artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre suspensión de vistas “solo habla de unas causas concretas, como la muerte del letrado, pero no está tasada la enfermedad como tal o la maternidad. Los abogados y abogadas de este país debemos tener derecho a caer enfermos e incluso, en el caso de las mujeres juristas, dar a luz”.

Según la coordinadora Cerro, los pasos siguientes a seguir, a partir de ahora, son, primero, la entrega de la propuesta al órgano de gobierno de los jueces a través del grupo de trabajo mixto CGAE-CGPJ existente, a modo “de comisión paritaria”.

Del mismo forman parte tres miembros de la CRAJ -Marga Cerro,  Santiago González , decano de Palencia y el decano de Salamanca, Eduardo Iscar- y un vocal del CGPJ.

“Y es lo que hemos hecho”, añade.

De acuerdo con Cristina Vallejo,  diputada del Colegio de Abogados de Barcelona, quien formó parte de ese grupo, “la propuesta trabaja muy bien la perspectiva de género y ha tenido muy en cuenta la Ley de Igualdad y la Ley de Conciliación Familiar, que son de obligado cumplimiento. Sin duda ayudará a dignificar la profesión”.

 

El Tribunal Constitucional sentencia que buscar nombres propios en hemerotecas vulnera derechos

El llamado Derecho al Olvido fue en su día una legislación, vigente en la actualidad, que generó bastante debate sobre hasta qué punto los individuos tienen derecho a proteger su propia privacidad, incluso cuando han sido protagonistas de acontecimientos de interés público.

Hoy nos encontramos con una sentencia que puede ser un punto de inflexión en la aplicación del Derecho al Olvido en España, debido a que el Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado por primera vez sobre esta materia, estimando un recurso de amparo presentado por dos personas que en los 80 fueron juzgados y condenados por tráfico de droga.

Al haber pasado mucho tiempo tras la sentencia por tráfico de droga e incluso la puesta en libertad de los dos individuos, sus antecedentes penales fueron cancelados. Sin embargo, al introducir sus nombres en diversos buscadores vieron que aparecían en un artículo de El País relacionado con sus antecedentes cancelados, así que decidieron presentar un recurso de amparo al TC tras no dejarles satisfechos las sentencias dictaminadas por tribunales anteriores y conseguir la eliminación de sus nombres del buscador de la hemeroteca de El País. Para ello argumentaron que sus derechos al honor, la intimidad y la protección de sus datos fueron vulnerados.

La magistrada María Luisa Balaguer, ponente de la sentencia, ha argumentado que “la prohibición de indexar los datos personales, en concreto los nombres y los apellidos de las personas recurrentes, para su uso por el motor de búsqueda interno de El País debe ser limitada, idónea, necesaria y proporcionada al fin de evitar una difusión de la noticia lesiva de los derechos invocados”. La sentencia llega después de que el tribunal examinara los artículos la Constitución 18.4, que regula el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, y 18.1, que regula el derecho a la intimidad de los ciudadanos.

El TC ha determinado que, a pesar de que la libertad de la información es un derecho fundamental, este no resulta absoluto y deber ser regulado por dos elementos: la modulación del derecho con el paso del tiempo para calibrar el derecho a la intimidad y la importancia de la digitalización de los documentos a la hora de poder acceder a estos a través de Internet. Básicamente explica que la universalización del acceso a la información está provocando más injerencias en el derecho al honor de los ciudadanos.

Sin embargo, parece que la sentencia no prohíbe el acceso a la noticia de hace más de 30 años publicada por El País, sino que se pueda encontrar mediante los buscadores de los medios utilizando los nombres de los condenados, debido a que se considera que este último dato no tiene relevancia pública en los tiempos actuales.

Las brechas de datos en la nube ponen en riesgo la transformación digital de las empresas

Las cada vez más complejas estructuras computaciones está acarreando desafíos mayores en términos de ciberseguridad. Este punto ya lo tratamos cuando mencionamos los nuevos frentes a los que tienen que enfrentarse los centros de datos modernos gracias al impulso del cloud computing, que involucra a tecnologías como Docker para facilitar el desarrollo y la implementación de los contenedores.

Según los expertos de Kaspersky Lab, estos nuevos desafíos a nivel de ciberseguridad podrían estar frenando la transformación digital de las empresas por temor al impacto y los crecientes costes de las brechas de seguridad, que pueden terminar en muchas ocasiones con la desaparición de una pyme.

El estado de la economía de la seguridad TI corporativa en 2018 refleja que en los últimos 12 meses las empresas se han enfrentado a una “realidad muy inquietante”, ya que para la pymes el coste medio de cada brecha de seguridad ha sido 102.000 euros, un 36% más que en 2017. Para las grandes empresas el aumento fue del 24%, alcanzando el coste medio de 1,05 millones de euros.

Estos datos reflejan la cada vez mayor preocupación de las empresas por los datos que manejan. En plena transformación digital, la infraestructura cloud adquiere una importancia cada vez mayor, con un 45% de las grandes empresas y un 33% de las pymes en todo el mundo. Para ambos tipos de empresas se planea, a niveles generales, aumentar el gasto en nube híbrida en los próximos 12 meses. Aquí volvemos a insistir, una vez más, en que los ciberdelincuentes se centran más en las pymes, debido a que estas muchas veces no cuentan con todos los medios necesarios para hacer frente a los ciberataques. A niveles de generales se espera que las compañías empleen un 26% de todo el presupuesto para IT en ciberseguridad, lo que podría terminar reduciendo el margen para invertir en otras áreas.

Dos de cada tres de los incidentes de ciberseguridad más costosos afectan a pymes que utilizan la nube, donde un problema con la infraestructura de IT alojada en terceros llega a alcanzar un coste medio de 150.000 euros. Para las grandes empresas, la protección de los datos sigue siendo la principal prioridad, con un coste medio de hasta 1,4 millones de euros en las brechas de seguridad de datos y de 1,2 millones de euros en el caso de incidentes que afectan a la infraestructura IT de terceros.