Acerca de NOTICIAS JURÍDICAS Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

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¿Qué tareas están designadas para el delegado de protección de datos?

La figura del delegado para la Protección de Datos (DPD), es una de las muchas novedades que trae consigo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La relevancia de este viene determinada por las labores que el mismo tiene encomendadas, de forma genérica viene a convertirse en el garante del cumplimiento del RGPD y de la protección de los datos de carácter personal dentro de las organizaciones que cuenten con él.

Tal y como expone el grupo de trabajo del artículo 29, el DPD juega un papel esencial en la cultura de la protección de datos dentro de la organización y ayuda a implementar los elementos esenciales del RGPD tales como : i) principios de la protección de datos; ii) los derechos de los propietarios de los datos; iii) la protección de datos desde el diseño; iv) registro de las actividades de tratamiento; v) seguridad en el tratamiento;  vi) notificación y comunicación de las brechas de seguridad.

“En el desarrollo de su actividad, el DPD debe prestar especial atención al tratamiento de datos que conlleve un alto riego teniendo en cuenta la naturaleza, la finalidad el contexto y el propósito de dicho procesamiento”, afirma Lucía Caro experta en derecho de nuevas tecnologías de Gaona Abogados BMyV y coordinadora del TIC´S DESK de BMyV Alianza.

Las funciones mínimas asignada por el RGPD al DPD son:

  • Controlar el cumplimiento del RGPD. El DPD debe ayudar al responsable del tratamiento en la monitorización del cumplimiento con esta regulación.
  • El DPD deberá recopilar información para identificar las actividades de procesamiento y analizar y chequear el cumplimiento de las actividades de procesamiento con el Reglamento y la normativa.
  • Informar, asesorar y elaborar recomendaciones para el responsable, en materia de protección de datos.
  • El DPD deberá en todo momento cooperar con la autoridad de control cuando sea necesario o requerido.
  • El DPD debe ayudar al responsable en la realización de la evaluación de impacto y supervisar su aplicación.
  • El DPD debe mantener una relación de las actividades de tratamiento que se llevan a cabo bajo su responsabilidad y bajo la actividad desarrollada por el responsable.
  • El DPD deberá controlar el adecuado cumplimiento de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades realizado al personal de la organización.
  • El DPD controlará que el nivel de concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento es el adecuado.
  • Controlar la efectiva realización de las auditorías correspondientes
  • Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento.

Además, estas funciones se podrán ver aumentadas dependiendo de la organización y del responsable o encargado del tratamiento.

No obstante, aunque el DPD es la figura encargada de realizar el seguimiento del cumplimiento de la normativa, no debemos olvidar, que el responsable de este cumplimiento y por tanto quien responde en caso de incumplimiento será el responsable o el encargado del tratamiento.

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Las cosas claras sobre la Orden Europea de Detención y Entrega

El reconocimiento mutuo en la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) no implica una adhesión inquebrantable a los pedimentos de otro país, con voluntaria ceguera respecto de los problemas jurídicos que pudieran plantearse.

De una manera puramente ideal, el reconocimiento automático de las resoluciones judiciales sería la solución perfecta en la cooperación judicial en materia penal: la autoridad judicial del Estado de ejecución se limitaría a comprobar la existencia de una orden judicial de detención, su vigencia y la competencia de la autoridad emisora para dictarla.

El órgano judicial requerido no se diferenciaría en su actuación de los órganos judiciales propios del país requirente con respecto a requisitorias judiciales internas.

Sin embargo, la disparidad entre los sistemas judiciales de la Unión hace inviable esta fórmula, haciendo que surja en su lugar la del reconocimiento mutuo, con distintos grados de aplicación según el número de extremos que deben ser objeto de control por la autoridad judicial de ejecución, y mayor o menor automatismo en el reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales extranjeras.

En el estado actual de los distintos ordenamientos procesales penales de la Unión, la inmensa mayoría doctrina se muestra poco favorable a un automatismo absoluto sin control alguno.

El reconocimiento mutuo se traduce en la inaplicación del principio de doble incriminación respecto de 32 categorías delictivas recogidas en la Decisión Marco de OEDE.

Este sistema de categorías supone una vuelta al sistema de lista de delitos propio de los tratados extradicionales del siglo XIX, pero en un sentido inverso: si un hecho encaja dentro de aquéllas y reúne un mínimo de pena según la legislación del órgano judicial requirente, la autoridad judicial requerida no podrá comprobar si los hechos son también delictivos en su país.

Tampoco podrá cuestionar la inclusión en las categorías realizada por el juez requirente, pues sería una vía fraudulenta para retomar el principio de doble incriminación en un ámbito exento.

Blanqueo de capitales (XVI): No es necesaria la condena previa por delito

A Jesucristo le tocó cargar con una cruz bien pesada tras haber sido flagelado. A Sísifo le tocó sufrir una maldición y cargar a pulso una roca enorme hasta la cumbre de una montaña la cual, al llegar arriba, caía rodando por el otro lado y le tocaba volver a empezar, de nuevo, a subirla, todo ello en un bucle eterno. En mi caso, la curiosa maldición que me ha tocado en suerte es gustarme la investigación de los delitos económicos y nacer en la época equivocada, una época donde no pocos jueces estudian tirando a poco esa materia y de un plumazo te tiran por la borda un asunto razonablemente trabajado.
En concreto, hablando de blanqueo de capitales, cuando ni la defensa te lo ha planteado, inventarse una suerte de condición objetiva de punibilidad: que el delito antecedente deba gozar de condena previa. Así, cómodamente, se evita entrar en el fondo del asunto. Pero ¿sostiene eso el Tribunal Supremo?

La STS 672/2016, de 21-VII-2016, ponente Excmo. Manuel Marchena Gómez, de modo claro señala lo contrario. Así, el Fundamento Jurídico 3 B sostiene:

B) Al margen de lo expuesto, el recurrente desenfoca el entendimiento jurisprudencial del derecho a la presunción de inocencia cuando éste se relaciona con el delito que ha determinado la condena de Jose Luis. En efecto, decíamos en la STS 974/2012, 5 de diciembre , que “… ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de receptación se exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. La ausencia de semejante requisito en el tipo cuestionado es, por lo demás, rigurosamente lógica desde una perspectiva de política criminal puesto que, tratándose de combatir eficazmente un tráfico de drogas en todos los tramos del circuito económico generado por dicha delincuencia, carecería de sentido esperar, en la persecución penal de estas conductas, a que se declarase la responsabilidad de quien en el tráfico hubiera participado”. En igual sentido, la STS 928/2006, 5 de octubre, precisaba que “…el origen delictivo de los bienes es evidentemente un elemento del tipo penal objetivo con todas las consecuencias que de ello se derivan. En lo que aquí interesa como elemento del tipo debe ser objeto de la prueba, y, en este sentido se debe destacar que no rige al respecto ninguna regla especial. Por lo tanto, son aplicables a la prueba del “origen delictivo de los bienes” los principios enunciados en las SSTC 174/85, 175/85 y 229/88, según las cuales el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria”. Es decir: el delito origen de los bienes puede ser probado por indicios y no es necesario, pues el texto del art. 301 CP no lo exige, que exista una sentencia judicial que lo haya constatado en un proceso anterior determinado, sin que el acusado por el delito del art. 301 CP haya sido el autor del delito”.

En definitiva, el tipo penal de blanqueo no exige la previa condena del delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan, sino que queda integrado con la mera existencia de bienes o ganancias procedentes de un anterior delito (cfr. STS 198/2003, 10 de febrero; 483/2007, 4 de junio y 1372/2009, 28 de diciembre, entre otras muchas). Y la jurisprudencia ha establecido que no es preciso acreditar una condena anterior por el delito del que proceden los bienes o dinero lavado, siendo bastante con establecer la relación con actividades delictivas y la inexistencia de otro posible origen del dinero, en función de los demás datos disponibles. Dicho de otra forma, que dados los indicios, la conclusión razonable sea su origen delictivo (cfr. STS 154/2008, 8 de abril).”.

Y aprovecho a dejarme lista la cuestión del recurso. La Sala, los tres magistrados, sostienen que contra su sentencia solo cabe casación, cuando las diligencias previas se incoaron en 2016 (si bien el delito se consumó en mayo de 2015). Es decir, tenemos incoación tras la Ley 41/2015 y hechos anteriores a dicha ley. El recurso a escoger es muy importante por dos razones: para preparar la casación ante el Supremo solo hay 5 días, mientras que la apelación ante el TSJ es de 10 días (846 bis b LECRIM). Pero, sobre todo, porque como vimos en este reciente post (VER AQUí), el TS se ha lavado las manos en el sentido de que si las partes procesales interponen el recurso erróneo, por mucho que la resolución impugnada les haya llevado a un error, el problema es de las partes. Esto me parece un abuso, especialmente porque se debe partir de la presunción de que algo que te aparece en una resolución judicial es correcto y no se deberían anudar consecuencias negativas para quien la ha seguido en su literalidad, pero es lo que hay.

Bien, centrándonos en la cuestión de diligencias incoadas tras la Ley 41/2015 pero por hechos anteriores a la misma, hay que citar la Disposición Transitoria única punto 1: “1. Esta ley se aplicará a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor.”.

De hecho, en el blog ya citamos en el post de 7-XII-2017 (ver AQUÍ), la sentencia 29/2017, de 26-IX-2017, dictada por el TSJ de Cataluña, sobre delito fiscal del IVA del ejercicio de 2010 (pagadero en 2011) y, por tanto, anterior a la Ley 41/2015, incoándose la causa tras la Ley 41/2015 y que tuvo recurso de apelación, ante el TSJ de Cataluña. Debe de ser que en Barcelona y en Galicia no se maneja la misma LECRIM. Resultaría “ideal” trabajar un recurso de casación ante el Supremo, siguiendo lo dicho en la sentencia, para que bien la Fiscalía del TS o bien el propio Tribunal inadmitiera a trámite el recurso sin entrar en el fondo por un error provocado por el propio tribunal a quo. Lo atento que hay que estar.

En otro orden de cosas, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delito medioambiental por vertidos de pinturas pesadas en las proximidades de un río. Para quien tenga interés puede leer las sentencias:

Sentencia del Tribunal Supremo 289/2018, de 14-VI-2018, ponente Excmo. Alberto Jorge Barreiro. Enlace -> AQUÍ.

Sentencia de origen, sentencia 54/2017, de 10-II-2017, de la Sección 2ª de la Audiencia de Coruña, ponente Ilmo. Luis Barrientos Monge. Enlace ->AQUÍ.

En todo caso, el merito del trabajo bien hecho es del SEPRONA de la Guardia Civil, tras un laboriosísimo atestado.

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Hasta qué punto es segura una huella dactilar y cómo podrían averiguar nuestra clave por la pulsación de teclas

En este artículo queremos abarcar dos temas que pueden ser interesantes para los usuarios de cara a la seguridad. Ya sabemos que para quienes utilizamos dispositivos móviles hay dos aspectos fundamentales: la privacidad y la seguridad. En los últimos tiempos ha cambiado mucho la manera en la que encendemos nuestros dispositivos. Hemos dejado, al menos en muchos casos, a un lado los códigos numéricos. Muchos accedemos a nuestro móvil con la huella dactilar. Vamos a ver si es realmente segura. También vamos a explicar cómo podrían averiguar nuestra clave mediante las pulsaciones y el residuo que dejamos.

¿Es realmente seguro el uso de huella dactilar?

Existen muchas maneras de bloquear nuestro dispositivo. Podemos poner simplemente un código, también podemos optar por un patrón, huellas dactilares, etc. También podemos utilizar nuestro dedo para identificarnos en diferentes páginas y plataformas. Existen herramientas, extensiones para el navegador incluso, que pueden registrar nuestras huellas dactilares para ayudar a identificarnos.

Sin embargo un estudio reciente, según indican en Ghacks, refleja que estas herramientas no son tan seguras. Han realizado diferentes pruebas para determinar si podrían generar algún tipo de errores que afecten a la privacidad de los usuarios.

El resultado demostró que pueden identificar huellas dactilares alteradas en el navegador. Incluso es posible descubrir los valores originales de los atributos que fueron alterados. Pusieron como ejemplo la función de protección de huellas dactilares de Firefox. Indicaron que cambia del usuario del navegador a uno genérico.

Por otro lado, otros estudios anteriormente demostraron que es posible crear huellas dactilares genéricas. Éstas mantienen patrones genéricos que las convertirían en “huellas maestras”. Una manera de crear una huella artificial que pudiera acceder a nuestro dispositivo.

Seguridad de una huella dactilar

Por tanto el uso de la huella dactilar como medida de seguridad puede ser interesante, pero no es tan segura como podemos imaginar. Lo ideal es combinarla con otra medida como puede ser un código PIN.

Robo de contraseñas a través del residuo en el teclado

Siguiendo con la seguridad de nuestros dispositivos, según publican hoy en Bleeping Computer, podrían averiguar nuestras contraseñas a través del residuo que dejamos con los dedos. Evidentemente estamos ante una técnica que, si bien ha sido probada en la Universidad de California, es difícil que llegue a afectar a un usuario corriente.

Esto se aplica principalmente a los teclados físicos. Alguien podría, a través de una cámara térmica, captar las últimas pulsaciones de teclas de hasta un minuto antes. Según los investigadores, este tipo de ataques se podría utilizar para recuperar una cadena de texto corta. Serviría para detectar códigos de acceso, PIN bancario, etc.

En el estudio los investigadores hicieron que 31 personas escribieran en cuatro teclados diferentes. A través de las imágenes térmicas que capta la cámara lograban descifrar estas claves.

Residuo que queda en las pulsaciones de teclado

Estas contraseñas o claves de acceso podrían ser descubiertas hasta 30 segundos después de haber sido pulsadas. Sin embargo fueron capaces de recuperar texto, al menos de manera parcial, hasta un minuto después.

María José Segarra ya es fiscal general del Estado

Una vez cumplido el rito de paso en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el que sus dos padrinos, el magistrado del Alto Tribunal, Rafael Sarazá, y el fiscal de Sala, José María Paz -su preparador-, la introdujeron a su nueva condición de fiscal general del Estado, María José Segarra Crespo lo celebró con los suyos en la sede de la Fiscalía General, en la calle Fortuny.

En el Palacio de Justicia que una vez fue monasterio de las monjas salesas quedaron autoridades como Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, y sus compañeros Carlos Ollero, Santiago Martínez-Vares, Juan Antonio Xiol Rius, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer Castejón, Antonio Narváez o Pedro González-Trevijano.

También su antecesor, Julián Sánchez Melgar, recién regresado a su puesto de magistrado del Supremo, también los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, y Barcelona, Francisco Javier Barrientos, junto con la magistrada del TSJ de Madrid, Susana Polo, los tres aspirantes a una de las plazas vacantes de la Sala de lo Penal, José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional y los vocales José María Macías, Álvaro Cuesta, Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Pilar Sepúlveda, Nuria Díaz Abad o “el nuevo”, José Antonio Ballestero, así como la directora de la Escuela Judicial Gema Espinosa.

María José Segarra durante su corto discurso.
Plano general del patio interior donde tuvo lugar el discurso y luego el ágape. 

Y, por supuesto, el Ministerio de Justicia en pleno, con la titular, Dolores Delgado, el secretario de Estado, Manuel Jesús Dolz, y Antonio Viejo, nuevo secretario general “in pectore” que ya está trabajando en su nuevo puesto a la espera de que se fije un día para su toma de posesión oficial.

Victoria Ortega, en representación del Consejo General de la Abogacía Española, y Juan Carlos Estévez, su homónimo del universo de los procuradores.

  En el patio interior de la Fiscalía General del Estado la cosa fue más concentrada en “materia fiscal”.

En primera fila el “número dos” de la Fiscalía, Luis Navajas, teniente fiscal del Supremo, que tuvo un accidente previo. Se cayó y se rompió el pie y no pudo hacer de padrino. Pero ayudado de una muleta pudo asistir al acto. También el Consejo Fiscal en Pleno, miembros electos y natos, como Fausto José Cartagena, su antecesora, Consuelo Madrigal, y sus compañeros de Sala en el Supremo, Javier Zaragoza, Pedro Crespo yMariano Fernández Bermejola fiscal de Sala Coordinadora en materia de Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, o la fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional, Rosa Ana Morán Martínez, así como fiscales superiores y fiscales de provincia llegados de toda España.

Cuando Segarra tomó la palabra, sobre un pequeño estrado, con el cuadro de la reina Isabel II a su espalda, la nueva fiscal general del Estado hizo una intervención concentrada de la que diez días antes realizó ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

En esta ocasión reveló que la Fiscalía va a hacer un estudio serio de cargas de trabajo junto con otro sobre las necesidades del Ministerio Fiscal.

No se desvió de los explicado días antes a los señores diputados. Sabe que las circunstancias en las que ha entrado a ser fiscal general del Estado son especiales y va a sacarles el mayor partido que pueda. Las expectativas son altas.

Roser Bach: “Hay un aumento injustificado en la aplicación del Derecho Penal”

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Roser Bach abrió ayer el debate sobre la evolución del Derecho Penal destacando que existe “un aumento injustificado de su aplicación”.

Lo hacía en su intervención ‘¿Más Derecho Penal?’en la Escuela de Verano que se celebrará hasta el 13 de julio en el pazo de Mariñán (A Coruña), en la que Bach también advirtió de que este aumento “carece de relación con necesidades reales y de fundamento en estudios criminológicos”.

El proceso de expansión del Derecho Penal, según señaló la vocal progresista, se ha concretado en que su intervención punitiva ha cobrado un protagonismo “cada vez más importante” en las políticas públicas, así como en el incremento de los bienes jurídicos, de las figuras típicas y del ámbito de aplicación de los tipos penales existentes.

Bach también se refirió al “abandono paulatino de los principios característicos” del Derecho Penal clásico para derivar en el llamado “derecho moderno o de la modernidad”.

El director de cine y periodista especializado Santiago Tabernero introdujo en la primera mesa redonda de la Escuela de Verano del Poder Judicial el debate sobre la libertad de expresión artística y los efectos morales de la trivialización de la violencia en el espectador digital del siglo XXI. En la reflexión también intervinieron el fiscal Eduardo Torres Dulce, el profesor de Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia Vicente Garrido Genovés y el vocal del CGPJ Enrique Lucas Murillo de la Cueva.

La Abogacía elabora un protocolo sobre suspensión de vistas para la conciliación de los letrados

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) presentará, en los próximos días, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la propuesta de protocolo sobre suspensiones de vistas que se ha elaborado en el marco de las XIII Jornadas de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ), celebradas el pasado 29 de junio.

“Estamos hablando de una carencia que venimos demandando desde hace años. Es cierto que hay algunos Colegios que tenían algunos protocolos con sus Tribunales Superiores de Justicia. Pero desde el CGPJ nos pidieron que unificásemos postura en este asunto”, relata Marga Cerro, coordinadora del grupo de trabajo, presidenta del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha y decana del Colegio de Abogados de Talavera.

Y recuerda que el actual artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre suspensión de vistas “solo habla de unas causas concretas, como la muerte del letrado, pero no está tasada la enfermedad como tal o la maternidad. Los abogados y abogadas de este país debemos tener derecho a caer enfermos e incluso, en el caso de las mujeres juristas, dar a luz”.

Según la coordinadora Cerro, los pasos siguientes a seguir, a partir de ahora, son, primero, la entrega de la propuesta al órgano de gobierno de los jueces a través del grupo de trabajo mixto CGAE-CGPJ existente, a modo “de comisión paritaria”.

Del mismo forman parte tres miembros de la CRAJ -Marga Cerro,  Santiago González , decano de Palencia y el decano de Salamanca, Eduardo Iscar- y un vocal del CGPJ.

“Y es lo que hemos hecho”, añade.

De acuerdo con Cristina Vallejo,  diputada del Colegio de Abogados de Barcelona, quien formó parte de ese grupo, “la propuesta trabaja muy bien la perspectiva de género y ha tenido muy en cuenta la Ley de Igualdad y la Ley de Conciliación Familiar, que son de obligado cumplimiento. Sin duda ayudará a dignificar la profesión”.