Acerca de NOTICIAS JURÍDICAS Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

1.- PERITO JUDICIAL INFORMÁTICO FORENSE. ------------ 2.- EXPERTO EN CIBERSEGURIDAD

Son nulas las cláusulas abusivas conforme a la doctrina del TJUE

Anuncios

El Gobierno aprueba la reforma de los contratos de alquiler de vivienda

El Real Decreto-ley ha venido precedido por las actuaciones realizadas por un Grupo de Trabajo interministerial constituido por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y presidido por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, que ha venido trabajando para afrontar los problemas de la vivienda y, en particular, del mercado del alquiler, para hacer frente al incremento de los precios y la escasez de oferta a precios asequibles.

Las medidas que contempla el Real Decreto-ley son las siguientes:

Regulación de los contratos de alquiler

Se modifica la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos (LAU), introduciendo las siguientes modificaciones que afectan a los contratos del alquiler:

1. Se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica). Es decir, aumenta el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada.

2. Se amplía el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años. Se trata del plazo temporal por el que se amplía el contrato una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, en el caso de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo.

3. Se limitan las garantías adicionales a la fianza, hasta un máximo de dos mensualidades, salvo que se trate de contratos de larga duración. De esta forma, se limita la carga económica que en ocasiones genera al inquilino la firma de un nuevo contrato, a través de un aval o depósito bancario que se suma a la cuantía de la fianza.

4. Se facilita la adopción de acuerdos entre el propietario y el inquilino para la renovación o mejora de la vivienda en el transcurso de un mismo contrato de arrendamiento.

5. Se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica (una sociedad o empresa), salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa directa del arrendatario.

6. Se mejora y aclara la remisión de los contratos de alquiler turístico de vivienda a la normativa sectorial turística que resulte aplicable.

Medidas en favor de las comunidades de propietarios ante el fenómeno del alquiler turístico de viviendas

Se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, para habilitar la posibilidad de que, por mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios, en las comunidades de vecinos puedan adoptarse acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del alquiler turístico de vivienda, para, de esta forma, favorecer la convivencia en los edificios de viviendas.

Más protección a los hogares vulnerables y mayor seguridad jurídica en el procedimiento de desahucio de vivienda. A través de una modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se reforma el procedimiento de desahucio de vivienda, para ofrecer más protección a los hogares vulnerables, mejorando la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes y facilitar la adopción de medidas para atender los casos de las familias de menor capacidad económica, vulnerabilidad social o con mayores cargas familiares, a través del establecimiento de unos trámites y plazos que ofrecen mayor seguridad jurídica tanto a inquilinos como a propietarios.

Medidas fiscales en favor del alquiler de vivienda

Se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente, de manera que se reducen las cargas fiscales que conlleva el mercado del alquiler de vivienda habitual.

Además, se modifica la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) contenida en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, incorporando medidas que favorecen el mercado de alquiler de vivienda:

1. Se elimina la obligación de repercutir el IBI al arrendatario en el alquiler social de vivienda por parte de Administraciones o entes públicos.

2. Los Ayuntamientos con superávit podrán destinarlo a promover su parque de vivienda pública.

3. Se habilita a los Ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95 por ciento en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado.

4. Se establecen las bases y garantías para la definición del concepto de inmueble de uso residencial desocupado con carácter permanente, para la aplicación por parte de los Ayuntamientos del recargo en el IBI establecido en el año 2002.

Medidas de fomento de la accesibilidad universal

Con objeto de estimular la realización de obras de adaptación o mejora de la accesibilidad, se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal para aumentar, en un plazo de tres años, al 10 por ciento el fondo de reserva de las comunidades de propietarios, y establecer la posibilidad de que se destine a la realización de obras en materia de accesibilidad, en un contexto demográfico, en el que cada vez hay más personas en situación de movilidad reducida que encuentran gravemente limitados sus derechos por la existencia de barreras físicas en sus edificios. Asimismo, se establece la obligatoriedad de las obras de accesibilidad establecidas legalmente cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75 por ciento del importe de las mismas.

Medidas de estímulo de la oferta y próximas iniciativas

La aprobación de este Real Decreto-Ley de medidas urgentes constituye el primer resultado del Grupo de Trabajo Interministerial en el que han participado representantes de ocho Departamentos Ministeriales (Fomento; Justicia; Hacienda; Economía y Empresa; Industria, Comercio y Turismo; Política Territorial y Función Pública; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y, Transición Ecológica) junto con el Departamento de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno, con el objetivo de programar un amplio conjunto de medidas que de forma particular permita aumentar la oferta de viviendas de alquiler, y poner en marcha una reorientación de la política de vivienda a nivel estatal, aunque el desarrollo y la ejecución de la misma corresponda a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.

En este marco, en los próximos meses se impulsarán nuevas medidas que afronten desde una perspectiva a medio plazo, los aspectos estructurales que pueden incidir en un aumento de la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles y en el fomento de la actividad de los distintos operadores y agentes públicos y privados del sector.

De esta forma, se pueden destacar las siguientes iniciativas y líneas de actuación que tienen ya un avanzado grado de desarrollo y que servirán para completar la reforma integral en materia de vivienda:

1. Aprobación de un Real Decreto-Ley de medidas administrativas y procesales para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística.

2. Tramitación de una Ley estatal de Vivienda que, garantizará el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda en todo el Estado, configurándola como servicio público e impidiendo por Ley la enajenación del parque público de vivienda a fondos de inversión.

3. Favorecer la actividad de los promotores de vivienda social, posibilitando el destino de los remanentes de tesorería municipal a inversiones financieramente sostenibles, entre las que se incluya específicamente la construcción y rehabilitación de vivienda.

4. Plan 20.000 viviendas. A desarrollar a lo largo de un plazo de 4-6 años, estarán destinadas de forma indefinida al alquiler o a la cesión en uso con rentas y precio limitados, en aquellas localizaciones que cuenten con una demanda acreditada y en las que el precio del alquiler se ha incrementado considerablemente.

5. Medidas estructurales para favorecer la actividad y la oferta. En el propio Real Decreto-ley se encomienda al Ministerio de Fomento la adopción de una serie de medidas para dinamizar la oferta de vivienda en alquiler. Se analizarán diferentes medidas específicas para agilizar los trámites de concesión de licencias y reducir la carga administrativa en la promoción inmobiliaria y la actividad de la construcción, evaluando cuestiones como la dotación de medios materiales y recursos humanos para asegurar la eficiencia de las oficinas responsables a nivel local, la racionalización de trámites, la administración o servicios electrónicos y la adecuación del marco normativo y legislativo.

Para el desarrollo de todas estas medidas se avanzará en materia de colaboración y cooperación por parte del Estado con las Administraciones territoriales que ejercen las competencias en estas materias: comunidades autónomas y ayuntamientos.

Estructura y contenido de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales

Carlos B Fernández. Con esta norma se adapta el ordenamiento jurídico español al  Reglamento general  de protección de datos (RGPD) y se completan sus disposiciones. Además, la Ley reconoce y garantiza un nuevo conjunto de derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

Esta norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Con su publicación culmina un proceso iniciado el 24 de junio de 2017 cuando el Consejo de Ministros recibió del Ministerio de Justicia el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de datos de Carácter Personal.

Tras ser objeto de diversos dictámenes, entre ellos los muy relevantes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, a comienzos de noviembre de 2017 el mismo Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, que fue remitido al Congreso el 14 de ese mes.

El proyecto fue objeto de sucesivas prórrogas para la presentación de enmiendas, que se prolongaron hasta comienzos de abril de 2018. El resultado fueron más de 360 propuestas de modificación que afectaban a la práctica totalidad de su articulado. La moción de censura que el 1 de junio de ese año derribó al Gobierno de Mariano Rajoy provocó un cambio importante en la tramitación del proyecto de Ley, pues el PP dejó, de hecho, la dirección de la misma al PSOE, el cual incorporó numerosas novedades al texto, en su mayoría pactadas con el PP y el resto de grupos políticos. Ello determinó el nada habitual resultado de que el texto final del Proyecto fuese aprobado por unanimidad de la Cámara el 26 de octubre.

Remitido al Senado, donde se presentaron 32 enmiendas que fueron rechazadas en la votación final,la Ley quedó fue finalmente aprobada el pasado 21 de noviembre, con solo el voto en contra del grupo parlamentario de Podemos.

Puede resultar interesante comparar el contenido del texto de los sucesivos estado de la norma:

Anteproyecto de LOPD Proyecto de LOPD LOPD y GDD
8 Títulos 9 Títulos 10 títulos
78 artículos 78 artículos 97 artículos
5 Disposiciones transitorias 6 Disposiciones transitorias 6 Disposiciones transitorias
13 Disposiciones adicionales 17 Disposiciones adicionales 22 Disposiciones adicionales
1 Disposición derogatoria 1 Disposición derogatoria 1 Disposición derogatoria
4 Disposiciones finales 5 Disposiciones finales. 16 Disposiciones finales

Estructura y contenido y de la LOPDGDD

La norma consta de 97 artículos, organizados en 10 títulos; 22 disposiciones adicionales; 6 transitorias; 1 derogatoria y 16 finales.

El Título I, artículos 1 a 3, relativo a las disposiciones generales, regula el objeto y el ámbito de aplicación de la ley y establece que el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica.

Incluye la regulación de los datos de las personas fallecidas, pues, tras excluir del ámbito de aplicación de la ley su tratamiento, se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos, así como su rectificación o supresión, en su caso con sujeción a las instrucciones del fallecido.

También excluye del ámbito de aplicación los tratamientos que se rijan por disposiciones específicas.

El Título II (arts. 4 a 10) regula los principios de protección de datos: exactitud de los datos; deber de confidencialidad; el tratamiento basado en el consentimiento del afectado; el consentimiento de los menores de edad; el  tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos; las categorías especiales de datos y el tratamiento de datos de naturaleza penal.

Destacan  en particular las posibles habilitaciones legales para el tratamiento fundadas en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Este es el caso, por ejemplo, de las bases de datos reguladas por ley y gestionadas por autoridades públicas que responden a objetivos específicos de control de riesgos y solvencia, supervisión e inspección del tipo de la Central de Información de Riesgos del Banco de España regulada por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, o de los datos, documentos e informaciones de carácter reservado que obren en poder de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de conformidad con lo previsto en Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Se podrán igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras, cuando ello derive del ejercicio de potestades públicas o del cumplimiento de una obligación legal y sólo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el reglamento europeo, cuando derive de una competencia atribuida por la ley.

Se mantiene la prohibición de consentir tratamientos con la finalidad principal de almacenar información identificativa de determinadas categorías de datos especialmente protegidos, como la creación de «listas negras» de sindicalistas.

La Ley consagra el principio de reserva de ley para el tratamiento de categorías especiales de datos, pero dejando a salvo las distintas habilitaciones legales actualmente existentes, tal y como se indica específicamente, respecto de la legislación sanitaria y aseguradora, en la disposición adicional decimoséptima que, además, introduce una serie de previsiones encaminadas a garantizar el adecuado desarrollo de la investigación en materia de salud, y en particular la biomédica, ponderando los indudables beneficios que la misma aporta a la sociedad con las debidas garantías del derecho fundamental a la protección de datos.

El Título III, sobre los derechos de las personas, se organiza en dos capítulos, el primero, “Transparencia e información” (art. 11) recoge la denominada «información por capas» ya generalmente aceptada en ámbitos como el de la videovigilancia o la instalación de dispositivos de almacenamiento masivo de datos (tales como las «cookies»), facilitando al afectado la información básica, si bien, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. En el segundo Capítulo de este Título, “Ejercicio de los derechos” (arts. 12 a 18), se contienen las disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos y se regula el ejercicio de los derechos de acceso; rectificación; supresión.; a la limitación del tratamiento; a la portabilidad y de oposición.

El Título IV (arts. 19 a 27), contiene las disposiciones aplicables a un relación de tratamientos concretos que, según la exposición de motivos, “en ningún caso debe considerarse exhaustiva de todos los tratamientos lícitos”. Dentro de ellos se incluye, en primer lugar, aquellos tratamientos respecto de los que el legislador establece una presunción iuris tantum de prevalencia del interés legítimo del responsable cuando se lleven a cabo con una serie de requisitos, como el de los datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales; de los sistemas de información crediticia y el de los tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles.

Junto a estos supuestos se recogen otros tratamientos, como los tratamientos con fines de videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o los sistemas de denuncias internas, en los que la licitud del tratamiento proviene de la existencia de un interés público, en los términos establecidos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679.

Finalmente, se hace referencia en este título a la licitud de otros tratamientos regulados en el Capítulo IX del Reglamento, como los relacionados con la función estadística o con fines de archivo de interés general, así como el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas.

El Título V se ocupa del responsable y del encargado del tratamiento y se divide en cuatro capítulos. El primero (“Disposiciones generales. Medidas de responsabilidad activa”), arts. 28 a 32, regula las obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento; los supuestos de corresponsabilidad; el representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión Europea; el registro de las actividades de tratamiento y el cuestionado bloqueo de los datos.

El Capítulo dos (“Encargado del tratamiento”), consta de un único artículo con el mismo título.

El Capítulo tres (“Delegado de protección de datos”, arts. 34 a 37), regula diversos aspectos de esta relevante figura, como su designación; su cualificación; su posición dentro de las organizaciones y su intervención en caso de reclamación ante las autoridades de protección de datos.

Finalmente, el Capítulo cuatro de este Título se ocupa de los “Códigos de conducta y certificación” (arts. 38 y 39).

En el Título VI (arts. 40 a 43) se contienen las normas aplicables a las transferencias internacionales de datos, adaptando lo previsto en el RGPD en cuanto a los procedimientos a través de los cuales las autoridades de protección de datos pueden aprobar modelos contractuales o normas corporativas vinculantes, supuestos de autorización de una determinada transferencia, o información previa

El Título VII (“Autoridades de protección de datos”) se estructura en dos capítulos. El primero dedicado a la Agencia Española de Protección de Datos, se divide en tres secciones. La primera, (“Disposiciones generales”, arts. 44 a 50), regula su régimen jurídico, presupuestario y de personal; sus funciones y potestades; la Presidencia de la Agencia, su Consejo Consultivo y la publicidad de sus actuaciones.

La Sección 2.ª (arts. 51 a 56), se refiere a las potestades de investigación de la AEPD y sus planes de auditoría preventiva, regulando su ámbito y personal; el deber de colaboración con ella; el alcance de su actividad de investigación; sus planes de auditoría.

Y la Sección 3.ª de este Capítulo (arts. 55 y 56), contempla las potestades de regulación y las Circulares de la AEPD, así como su acción exterior.

Dentro del mismo Título VII, su Capítulo II regula las Autoridades autonómicas de protección de datos, en dos secciones. La primera (arts. 57 a 59), se dedica a las disposiciones generales que las regulan, a la cooperación institucional y a los tratamientos contrarios al Reglamento (UE) 2016/679. La segunda (arts. 60 a 62), regula la coordinación de sus actividades en el marco de los procedimientos establecidos en el Reglamento, como sucede en los casos de emisión de dictamen o de resolución de conflictos por el Comité Europeo de Protección de Datos; así como en caso de tratamientos transfronterizos.

El Título VIII (arts. 63 a 69), se refiere los procedimientos sancionadores por vulneración de la  normativa de protección de datos: su régimen jurídico; la iniciación y duración del procedimiento; la admisión a trámite de las reclamaciones; el alcance territorial; las actuaciones previas de investigación y las medidas provisionales y de garantía de los derechos aplicables. Destaca la importancia de la determinación, con carácter previo a la tramitación de cualquier procedimiento, de si el tratamiento tiene o no carácter transfronterizo y, en caso afirmativo, la autoridad de protección de datos que ha de considerarse principal.

A continuación el Título IX regula el fundamental régimen sancionador. En los arts. 70 a 78 se regulan los sujetos responsables; se tipifican las infracciones y se identifican las muy graves, graves y leves, a los solos efectos, se destaca “de determinar los plazos de prescripción, teniendo la descripción de las conductas típicas como único objeto la enumeración de manera ejemplificativa de  algunos de los actos sancionables que deben entenderse incluidos dentro de los tipos generales establecidos en la norma europea”); la prescripción de las infracciones (“partiendo de la exigencia constitucional del conocimiento de los hechos que se imputan a la persona, pero teniendo en cuenta la problemática derivada de los procedimientos establecidos en el reglamento europeo, en función de si el procedimiento se tramita exclusivamente por la Agencia Española de Protección de Datos o si se acude al procedimiento coordinado del artículo 60 del Reglamento general de protección de datos”); las sanciones y medidas correctivas y la prescripción de las sanciones.

Finalmente, la Ley incorpora un Título X (arts. 79 a 97), denominado “Garantía de los derechos digitales”, a fin de “reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución”.

Según el preámbulo de la Ley este título obedece a la necesidad de “abordar el reconocimiento de un sistema de garantía de los derechos digitales que, inequívocamente, encuentra su anclaje en el mandato impuesto por el apartado cuarto del artículo 18 de la Constitución Española y que, en algunos casos, ya han sido perfilados por la jurisprudencia ordinaria, constitucional y europea”, todo ello en tanto “una deseable futura reforma de la Constitución” no incluya “la actualización de la Constitución a la era digital y, específicamente, [eleve] a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales”.

Bajo estas premisas la nueva ley reconoce nuevos derechos como el de neutralidad de Internet; el de acceso universal a la Red; el derecho a la seguridad digital; el derecho a la educación digital y la protección de los menores en Internet; el derecho de rectificación en Internet y el de actualización de informaciones en medios de comunicación digitales; el derecho al olvido en búsquedas de Internet y en servicios de redes sociales y servicios equivalentes; el derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes el también nuevo derecho al testamento digital.

Destacadamente, se añaden una serie de nuevos derechos en el ámbito laboral, como el derecho a la intimidad y al uso de dispositivos digitales; el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral; el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo; el derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral y los derechos digitales en la negociación colectiva.

En cuanto a las disposiciones adicionales, regulan cuestiones como las medidas de seguridad en el ámbito del sector público; el cómputo de plazos; la incorporación de deudas a sistemas de información crediticia; la identificación de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos; la potestad de verificación de las Administraciones Públicas; el tratamiento de datos de salud y las prácticas agresivas en materia de protección de datos.

La disposición derogatoria única afecta expresamente a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal así como al Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos y, genéricamente, a “cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan, se opongan, o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica”.

Las disposiciones transitorias están dedicadas, entre otras cuestiones, al estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, el régimen transitorio de los procedimientos o los tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680; los contratos de encargado del tratamiento y la reutilización con fines de investigación en materia de salud y biomédica de datos personales recogidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.

Por último, las disposiciones finales modifican:

  • la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (se modifica el art. 15 bis. Intervención en procesos de defensa de la competencia y de protección de datos)
  • la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (nuevo apartado 7 del art. 10; nuevo apartado 5 del art. 11; nuevo apartado 4 del art. 12 y nuevo art. 122 ter. Procedimiento de autorización judicial de conformidad de una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos)
  • la Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (nuevo apartado 3 del art. 58;  nueva letra f) del art. 66; nueva letra k) al apartado 1 y nuevo apartado 7 del art. 74 y nuevo apartado 7 del art. 90)
  • la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (se añade un art. 6 bis. Registro de actividades de tratamiento y se modifica el apartado 1 del art. 15);
  • la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (art. 39.3 y nuevo art. 58 bis. (Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales);
  • la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (se introduce un nuevo Capítulo II –Tratamiento de datos de la investigación en salud, con un nuevo art. 105 bis, en su Título VI);
  • la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (se modifica el apartado 3 del art. 16);
  • la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (se modifican los apartados 2 y 3 del art. 28);
  • la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (nueva letra l) en el apartado 1 del art. 2);
  • la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (nueva letra l) en el apartado 2 del art. 46);
  • el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (se añade un nuevo artículo 20 bis. Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión)
  • y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (se añade un nueva letra j bis en el art. 14).

Desarrollo reglamentario:

La Disposición final 15.ª de la Ley habilita al Gobierno para desarrollar lo dispuesto en los artículos

  • Art. 3 (Datos de las personas fallecidas), en relación con los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de los mandatos e instrucciones relativos a las personas fallecidas y, en su caso, el registro de los mismos.
  • Art. 38 (Códigos de conducta), en relación con el contenido del registro y las especialidades del procedimiento de aprobación de los códigos de conducta.
  • Art. 63 (Régimen jurídico), en relación con los procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos que tramite la AEPD al amparo del Título VIII de la norma.
  • Art. 96 (Derecho al testamento digital), en relación con los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de los mandatos e instrucciones relativos al testamento digital y, en su caso, el registro de los mismos.
  • Disposición final 6.ª (Incorporación de deudas a sistemas de información crediticia), en relación con la actualización de las cuantías de las deudas que se pueden incorporar a esos sistemas, a los que se refiere el art. 20.1 de la Ley.

Igualmente la Ley Orgánica menciona la posibilidad de la existencia de “normas de desarrollo” de sus contenidos en diferentes materias:

  • Art. 28.1. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento.
  • Art. 33.1. Encargado del tratamiento
  • Art. 37.2, 2.º párrafo, y 3. Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante las autoridades de protección de datos.
  • Art. 40. Régimen de las transferencias internacionales de datos.
  • Art. 45.1. Régimen jurídico [de la AEPD]
  • Art. 47. Funciones y potestades de la Agencia Española de Protección de Datos.
  • Art. 63.2 Régimen jurídico [de los Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos] (y Disposición adicional cuarta. Procedimiento en relación con las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos por otras leyes)

Además, el Gobierno deberá aprobar por Real Decreto el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos (art. 45. Régimen jurídico [de la AEPD]). Hasta ese momento, el Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, continuará vigente en lo que no se oponga a lo establecido en el Título VIII de esta ley orgánica (Disp. Trans. Primera).

Derogación normativa

Además de la habitual referencia genérica a que la Ley deroga “cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan, se opongan o resulten incompatibles” con lo dispuesto en el RGPD y en la Ley, esta deroga expresamente la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la UE sobre protección de datos.

No obstante, la disposición adicional 14.ª (Normas dictadas en desarrollo del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE) declara vigentes los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, “en tanto no sean expresamente modificadas, sustituidas o derogadas”.

Por su parte, la Disposición transitoria cuarta (Tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680), establece que los tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, continuarán rigiéndose por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en particular su artículo 22, y sus disposiciones de desarrollo, en tanto no entre en vigor la norma que trasponga al Derecho español lo dispuesto en la citada directiva.

Una Ley no tan orgánica

Si bien disposición final 1.ª (Naturaleza de la presente ley), declara que la misma “tiene el carácter de ley orgánica”, a continuación exceptúa de tal condición, atribuyendo el “carácter de ley ordinaria” a buena parte de su contenido, en concreto:

  • el Título IV,
  • el Título VII, salvo los artículos 52 y 53 que tienen carácter orgánico,
  • el Título VIII,
  • el Título IX,
  • los artículos 79, 80, 81, 82, 88, 95, 96 y 97 del Título X,
  • las disposiciones adicionales, salvo la disposición adicional segunda y la disposición adicional decimoséptima, que tienen carácter orgánico,
  • las disposiciones transitorias,
  • y las disposiciones finales, salvo las disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, octava, décima y decimosexta, que tienen carácter orgánico

Igualmente, la disposición transitoria 4.ª (Tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680) declara que los tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, “continuarán rigiéndose por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en particular el artículo 22, y sus disposiciones de desarrollo, en tanto no entre en vigor la norma que trasponga al Derecho español lo dispuesto en la citada directiva”.

5 aspectos que debes cuidar para no sufrir ciberataques en estas vacaciones

Se acerca la navidad y es época de viajes. Muchos aprovechan estos días para irse de vacaciones a otros lugares. En ocasiones hacemos uso de los dispositivos electrónicos de una manera insegura, especialmente cuando se trata de conectarnos a redes. Hemos visto en ocasiones el riesgo que supone conectarnos a redes Wi-Fi públicas y abiertas. Hoy vamos a dar algunas pautas a tener en cuenta para proteger nuestros equipos cuando estemos de viaje.

Aspectos que hay que tener en cuenta estas vacaciones

Nos hacemos eco de un informe realizado por Matrix Integration y que indica que en estas épocas, así como en verano, es cuando más ataques de este tipo pueden ocurrir. Son muchos los usuarios que viajan en los diferentes medios y pueden desatender ciertas medidas de seguridad.

Uno de los problemas más importantes es la pérdida de datos o robo de información personal. Esto puede ocurrir de diversas formas, pero siempre podremos evitarlo si tomamos ciertas precauciones.

Actualizar los sistemas

Una medida básica y que debemos de hacer es actualizar los sistemas antes de partir. En ocasiones pueden surgir vulnerabilidades que comprometan la seguridad de esos dispositivos. Esto hay que aplicarlo tanto a equipos de escritorio como en dispositivos móviles.

Hay que asegurarse de que todos los parches de seguridad que haya disponibles para nuestro sistema estén instalados. Del mismo modo, conviene actualizar aquellas aplicaciones que vayamos a utilizar, especialmente las más sensibles a ataques como pueden ser programas de cuentas bancarias o redes sociales.

Realizar una copia de seguridad

Quizás sea uno de los problemas que más molesten a los usuarios. Un problema de hardware, una amenaza en forma de malware o cualquier cosa negativa que le ocurra a nuestro móvil u ordenador puede hacer que perdamos datos muy valiosos.

Esto puede ser más frecuente cuando estamos de vacaciones. Un robo, una pérdida, un mal funcionamiento pueden provocar que perdamos todos los datos. Por tanto es muy recomendable realizar copias de seguridad antes de partir. Podemos utilizar diferentes herramientas, tanto online como en discos físicos.

Cuidado con el Bluetooth

El Bluetooth puede ser una forma fácil y rápida de conectar dispositivos. Sin embargo, también puede proporcionar un enlace directo para que los ciberdelincuentes accedan a nuestra información personal, como señala este informe del que nos hacemos eco. Lo mejor para evitarlo es deshabilitar el Bluetooth cuando nos encontremos en un espacio lleno de gente, como un aeropuerto o una estación de tren.

Por tanto, siempre que no sea necesario conviene tener deshabilitado el Bluetooth y otras conexiones. Además, de esta forma también podremos ahorrar batería.

Seguridad Software

Las redes Wi-Fi

Lo comentábamos al principio del artículo. Hay que tener mucho cuidado a las redes Wi-Fi que nos conectemos durante las vacaciones. Esto hay que aplicarlo a cualquier época del año, pero es en estas semanas donde más movimiento hay cuando los ciberdelincuentes aprovechan para llevar a cabo sus ataques.

Además, hay que tener mucho ojo de las páginas que visitamos en estas redes. Puede ser interesante contar con un servicio VPN.

Lo que debes saber si vas a abrir tu correo o redes sociales en un equipo ajeno

En ocasiones puede que necesitemos iniciar sesión en nuestra cuenta de correo electrónico o abrir las redes sociales en otro ordenador ajeno. Por ejemplo si vamos a ir a una tienda a imprimir documentos y tenemos que entrar en el e-mail para descargar archivos. Estamos accediendo a un ordenador en el que probablemente pasen decenas de usuarios cada día. No sabemos realmente si puede estar infectado por algún tipo de malware o que incluso haya sido modificado maliciosamente para recopilar nuestros datos. Por ello vamos a dar algunos consejos cuando tengamos que abrir el correo o redes sociales en un ordenador ajeno.

Cómo iniciar sesión con seguridad en otro equipo ajeno

A la hora de utilizar un ordenador público o un equipo ajeno que no nos pertenece y no tenemos el control sobre su seguridad, necesitamos poner en práctica algunos consejos. De esta manera, cuando vayamos a introducir nuestras credenciales el riesgo disminuye. No queremos que nuestros datos personales acaben donde no deben o que nuestras claves de acceso estén en peligro.

Cuando vayamos a iniciar sesión en un ordenador o dispositivo móvil que no es nuestro, hay que evitar que se guarden los datos. En muchas ocasiones veremos que, al introducir una cuenta nueva, nos pedirán si queremos guardar los datos de acceso. Esto sería un error en caso de un equipo público, ya que podrían acceder a nuestra cuenta.

También es importante que, antes de cerrar el equipo, borremos los datos de acceso. Por ejemplo si hemos entrado en nuestra cuenta de e-mail o redes sociales. Darle a borrar los datos de la última media hora o el tiempo que hayamos estado. Así no quedará información personal.

Pero además, siempre que sea posible sería muy interesante entrar en modo privado. La mayoría de los navegadores cuentan con esta opción. Así evitamos que nuestros datos queden guardados, así como las contraseñas. Es la mejor opción que podemos utilizar en este sentido.

No es esto lo único que podemos hacer. No sabemos si, por ejemplo, puede haber un keylogger en el sistema. Por ello hay que tener mucho cuidado al introducir las contraseñas. Siempre que sea posible y tuviéramos las herramientas necesarias, estaría bien utilizar un teclado virtual. Así evitamos la pulsación de teclas en momentos clave como introducir contraseñas o nombres de usuario.

Claves de seguridad para navegar por Internet

Cerrar sesión antes de irnos

Además, siempre que vayamos a abandonar el equipo debemos de cerrar sesión. Sería un error dejar nuestra cuenta de correo abierta, por ejemplo. Podríamos dejar en bandeja información confidencial, así como incluso recuperación de claves de otros servicios.

Otro consejo importante, aunque no directamente relacionado con iniciar sesión en un equipo ajeno, es configurar siempre que podamos la autenticación de dos factores. Hoy en día cada vez más servicios permiten esto. Así, en caso de que alguien pudiera averiguar nuestra clave de acceso o incluso si dejamos abierta la cuenta en otro equipo, necesitarían esa segunda verificación para entrar.

Sentencia integra del caso de la manada. Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN)

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena de 9 años de prisión, por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, impuesta el pasado abril por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra a los cinco miembros de La Manada, por los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016. La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

 

Documento adjunto.images

Sentencia integra del TSJN.PDF

Expertos juristas reclaman que el artículo 47 CE sobre la vivienda digna se convierta en derecho fundamental

En esta efeméride de la Carta Magna, celebrada por los diferentes operadores jurídicos, conviene detenerse en algunos artículos clave de este texto constitucional. Es el caso del artículo 47 donde se habla del derecho a una vivienda digna.

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Barcenola, José Maria Fernández Seijo, recuerda que en el año 1978 el derecho a una vivienda digna “no era una prioridad”.

“El legislador constitucional consideró que no se trataba de un derecho fundamental, que exigiera una protección reforzada. Pese a que el estado se definía como social y democrático de derecho, los llamados derechos sociales tuvieron que conformarse con enunciarse de modo programático, sin fuerza vinculante directa”.

Para este jurista “no hay, por tanto, en la Constitución del 78 un modelo determinado de acceso a la vivienda digna. En el arranque del texto constitucional parecía que España seguiría el modelo de otros países de nuestro entorno, el de construir este derecho a partir del arriendo y de las normas que protegían al arrendatario, sin embargo, la liberalización del mercado hizo que el arriendo dejara de ser atractivo para el inquilino”.

También señala que “la desaparición de la prórroga forzosa, las limitaciones a la subrogación entre familiares, la reducción de los términos de alquiler y la escalada de precios, determinaron que el arrendamiento no fuera un instrumento estable para garantizar este derecho”.

En paralelo se desarrolló “una profunda reforma del acceso al crédito, se introdujeron sólidos incentivos fiscales, se pasó de un sistema de hipotecas a tipo fijo concedidas por un plazo inferior a 15 años, a una hipoteca a interés variable con ampliación exponencial del plazo de amortización, que llegó a los 40 años”.

Fernández Seijo recuerda que “hubo un tiempo en el que cualquier ciudadano podía aspirar a ser propietario de una vivienda, aunque se hipotecara de por vida. Junto a este modelo de acceso a la vivienda, proliferaron los productos financieros, las cláusulas oscuras que parecían de imposible aplicación (intereses de demora, cláusulas limitativas de los tipos de interés, redondeos, vencimiento anticipado …)”.

Y es que  “se trataba de un gigante que enorgullecía a los distintos gobiernos, el sector inmobiliario era el motor de la economía española, pero un gigante con pies de barro ya que el sunami de la crisis de 2008 puso de manifiesto todas las fragilidades del sistema, miles de personas quedaron sin vivienda, otras quedaron hipotecadas de por vida, a merced de las ejecuciones hipotecarias”.

Para este magistrado “la celebración de los 40 años de la Constitución permite reivindicar su reforma, exigir que derechos de contenido social pasen a formar parte del núcleo duro de derechos fundamentales, directamente invocables, generadores de obligaciones para el Estado”.

En línea con esta necesidad de fortalecimiento debe recordarse “que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha indicado, desde 2013, que el derecho a una vivienda digna es un derecho básico, vinculado a la dignidad de las personas y el derecho al domicilio, por lo tanto los jueces españoles debemos ampararnos en la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión Europea para exigir una mayor protección a los ciudadanos y reclamar un modelo de acceso a la vivienda digna que no se construya sobre el cuento de la lechera”, señala este jurista.

Respecto al futuro apunta que hay reformas pendientes “que obligarán a repensar este derecho a la vivienda”, como es la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos “y la introducción de correctivos a los exorbitados precios de alquiler en las grandes ciudades”.

También considera “necesaria y urgente” la reforma del mercado hipotecario y una regulación de los préstamos acorde con la jurisprudencia de la Unión Europea.

Y concluye señalando que en definitiva, la Constitución de 1978, “pionera en muchos aspectos, en materia de vivienda digna ha quedado obsoleta”.

  • Vivienda, elemento esencial
  • La crisis profunda del mercado de vivienda

Vivienda, elemento esencial

Dionisio Moreno, abogado experto en derecho hipotecario, gestionó la ya conocida sentencia del caso ‘Aziz’, hace cinco años.

Ahora este letrado, colegiado en la localidad barcelonesa de Martorell sigue trabajando para que muchos ciudadanos no sean desahuciados.

“En un país donde la construcción es motor de actividad, y se presume de que la tenencia en propiedad supera el 80% de las habitadas, resulta esperpéntico que se hable de desahucios, lanzamientos, ejecutados hipotecarios, ….. y que sea un objeto de comercio salvaje, como si tratásemos del tráfico de órganos”, denuncia.

Moreno recuerda que “la vivienda ha sido un motor de la actividad económica, pero por encima de todo es una necesidad humana. Sin vivienda no hay refugio, ni libertad individual ni familia ni intimidad ni derecho a votar”.

En su opinión, “resulta paradójico que entre los derechos fundamentales se encuentren la libre elección de residencia, la inviolabilidad del domicilio y la intimidad (artículo 18 CE) pero que el objeto donde se materializan esos derechos fundamentales, la vivienda, expresamente no esté entre ellos”.

Para Moreno, “los políticos y juristas deben estar por encima de la literalidad simple de la CE, salvo que precisen para simplificar su razonamiento una modificación de la Constitución expresa para contemplar la vivienda como derecho fundamental”.

“Si volviéramos a la aprobación de la CE y se les hubiera dicho a los ciudadanos que la vivienda no era un derecho fundamental como el de la libertad, la vida, la dignidad, …. ¿hubieran votado el texto tal como está? Lo dudo”.

También señala que “el artículo 47 habla de las condiciones de la vivienda: digna y adecuada. “Por lo tanto debemos presuponer que el derecho a una vivienda, aunque no sea digna y adecuada, se tiene. Pero ¿dónde está recogido?.”

Y recuerda que “si España forma parte de los tratados internacionales, y según el artículo 96 CE y la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional sobre dicho artículo, establecen claramente que dichos tratados forman parte del ordenamiento jurídico interno, pues vamos a aplicarlos”.

Reclama, en este sentido que se aplique el artículo 7 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (especialmente reconocida en los apartados 63, 64 y 65 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de septiembre de 2014, asunto C-34/13).

Junto a ellos “el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, desarrollado por las Sentencias del Tribunal de Justicia de Derechos Humanos de Estrasburgo de 3 de julio de 2012 (Martínez Martínez v. España, aptdo. 40); 5 de diciembre de 2013 (Skrtic v. Croatia, aptdos. 21, 31 y 34) y especialmente en las Sentencias de 13 de mayo de 2008 (asunto McCann v. Reino Unido, aptdos. 49 y 50), 15 de enero de 2009 (asunto Cosic v. Croatia, aptdos. 18, 21 y 23) y 17 de octubre de 2013 (asunto Winterstein y Otros v. Francia, aptdos. 99 a 102)

También son aplicables, según Dionisio Moreno, “los artículos 12 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

Moreno reclama, en definitiva que “apliquemos el sentido común; que si estamos en un “Estado de Derecho” y una “Sociedad de Bienestar”, sin vivienda estas son palabras vacías, y dejemos el artículo 47 CE para que las viviendas sean dignas y adecuadas y el motor de la actividad económica, pero cuando todos tengamos asegurado el disfrute de una”.

La crisis profunda del mercado de vivienda

Por su parte, Carlos Ballugera, registrador de la propiedad de Bilbao, señala que “la necesidad de vivienda se satisface o bien en el mercado, o bien, cuando el mercado falla, a través de políticas sociales”.

Y recuerda que con la llegada del euro, vimos “una política descontrolada de crédito” a la construcción y compra de vivienda que aumentó la oferta, pero también los precios, que subieron a máximos históricos.

Al mismo tiempo señala que “cuando la burbuja pinchó con la crisis, con el consiguiente desplome de los precios, vimos que muchos compradores de vivienda tenían patrimonio negativo, es decir, debían más que lo que valía su casa”.

Este jurista revela que la crisis y el sobreendeudamiento resultante del desplome de los precios, dieron paso a los desahucios “y ahora estamos viendo que muchos se hicieron con hipotecas llenas de cláusulas abusivas, que no se debieron ejecutar”.

Recuerda que “a día de hoy, para las personas en riesgo de exclusión, los desahucios hipotecarios están suspendidos hasta mayo de 2020, por el R.D-l 5/2017, de 17 de marzo. Respecto de los demás compradores en mora, muchas ejecuciones de hipoteca están suspendidas por cláusulas abusivas, como la de vencimiento anticipado por impago de una sola cuota”.

Sin embargo recuerda que “no han sido suspendidos aquellos desahucios por impago de alquiler que, por el contrario, proliferan”. A su juicio la receta es simple, “hacen falta políticas sociales y dinamización económica para reducir el desempleo, es decir, tiene que haber una mejora de la economía y a donde la mejora no llegue, tienen que llegar las políticas sociales”.

Que un país como España no tenga una Ley de Vivienda estable lo achaca a que “hay que tener en cuenta el reparto de competencias, que en muchos casos corresponden a las Comunidades Autónomas. El ejemplo lo tenemos en Euskadi, donde la Ley 3/2015, de 18 de junio reconoce por primera vez en España el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo”.

También señala que “la vivienda se ha usado por la gente como un ahorro y una reserva para la vejez, que en la crisis hemos visto que ha servido de importante amortiguador del drama de los desahucios”. Y cree que el Gobierno a la hora de abordar el derecho a la vivienda tiene que priorizar el alquiler, “porque el alquiler social es la medida que ataca directamente el problema”.

En cuanto a la vigencia del artículo 47 de la Constitución señala que, por ejemplo, en Euskadi “se están dando pasos importantes para asegurar el derecho subjetivo a una vivienda digna por medio del alquiler social a precios asequibles o con ayudas públicas”.

En su opinión “el artículo 47 de la Constitución cuando dice que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda, entronca con el esencial artículo 9.2 de la misma, y es que el derecho a la vivienda es esencial para hacer efectiva la igualdad de los españoles ante la ley”.

Para Ballugera, “las políticas sociales y la disminución del desempleo son esenciales para asegurar el derecho a la vivienda, pero junto a ello es necesario el aumento de la oferta, cuyo modo ordinario o natural es el alquiler a precios asequibles, lo que exige no sólo la intervención pública sino el aumento de la inversión empresarial no especulativa en el sector”.