Europa suspende a España en independencia judicial

La Comisión Europea hizo público ayer el cuadro de indicadores de la Justicia de 2015, que pone de manifiesto que nuestro país es percibido como una de las jurisdicciones más influenciable por la política

España vuelve a suspender en independencia judicial. Según los datos del estudio sobre el cuadro de indicadores de la Justicia en la Unión Europea en 2015, hechos públicos ayer, de los 28 Estados miembros, España es el cuarto país en el que la percepción de la independencia judicial es más baja, empeorando su situación respecto a años anteriores. Sólo Croacia, Bulgaria y Eslovaquia obtienen peor nota. Además, España ocupa el puesto 97 en el ranking internacional que estudia la situación en 144 países. Los Estados europeos que encabezan la lista por su mayor independencia judicial son Finlandia, Dinamarca e Irlanda.

El informe de la Comisión Europea (CE), que ofrece una visión de conjunto de la calidad, independencia y eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros, muestra también la situación de nuestro país en materia de nuevas tecnologías, donde los resultados tampoco son buenos. Por ejemplo, en la evolución comparada de los procesos de escasa cuantía que se pueden resolver online, España ocupa la sexta peor posición, sólo por delante de Eslovenia, Chipre, Eslovaquia y Hungría.

Nuestro país sí aparece algo mejor posicionado en otras cuestiones, como tiempos de respuesta judicial. En el caso de insolvencias, por ejemplo, se tarda una media de un año y medio en resolver -tiempo que tardan los acreedores en recuperar su crédito o parte de él- por delante de estados como Italia, Francia o Luxemburgo.

Hay algo que llama especialmente la atención en el informe de la Comisión y es el hecho de que no haya datos disponibles sobre España (especialmente respecto a 2013, último año valorado en el informe) en muchos de los aspectos estudiados. Según explica la CE, hay diferentes razones que pueden explicar la ausencia de información de algunos países: la falta de disponibilidad de datos debido a la capacidad estadística insuficiente, el hecho de que las categorías nacionales de recopilación de datos no se corresponden con los utilizados por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (Cepej), o, en algunos casos, la falta de voluntad de participar en la recogida de los datos para el estudio.

La Comisión ha explicado que los resultados del cuadro de indicadores se tendrán en cuenta en los actuales análisis específicos por país del semestre europeo de 2015, así como a la hora de decidir las prioridades de financiación al amparo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (fondos EIE) en lo que respecta a las reformas de la Justicia.

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