Nueva sentencia absolutoria a la “mula” en materia de blanqueo previo phishing

Nueva sentencia absolutoria a la “mula” en materia de blanqueo previo phishing

Vamos a ver telegráficamente la STS 3780/2014, de 25-IX, ponente Excmo. Perfecto Agustín Andrés Ibáñez. Quizá sería bueno, antes de seguir, leer el post sobre el tratamiento tratamiento penal de las “mulas” en el delito de phishing, esencialmente por no repetir las definiciones.

En el caso que ahora nos ocupa, la Audiencia de Pamplona absolvió a una mula del delito de estafa y blanqueo doloso, condenando al sujeto por la modalidad imprudente grave de blanqueo (301 Cp), que se está revelando como un auténtico coladero, ya que es imposible predeterminar legalmente, más que nada por no perder el tiempo ni policial ni judicialmente, qué es blanqueo por imprudencia “grave” de la que no es “grave”. El Tribunal Supremo no ve la “imprudencia grave” que sí vio la Audiencia y absuelve definitivamente al acusado.

Dice el Fundamento Jurídico 1º:

La sala de instancia ha fundado su convicción en una máxima de experiencia que considera obvia y por eso universalizable. A saber: que el tipo de actuación que se solicitaba de aquel, unido a la deficiente redacción en castellano de los documentos que le fueron remitidos por correo electrónico, debieron haberle causado extrañeza; y esta tendría que haberle llevado a tomar precauciones, en concreto, a realizar alguna indagación sobre la empresa contratante. Y lo cierto es que el ahora recurrente -se dice- no aportó prueba alguna apta para justificar su modo de proceder.

Esta manera de razonar es en extremo genérica, hasta el punto de que deja fuera de la consideración aspectos de los hechos que merecían ser analizados, antes de operar con el criterio que acaba de expresarse.

El primero de ellos es que Iván recibió no menos de seis comunicaciones de la supuesta empresa; que se presentó ante él identificándose con una serie de datos sugestivos de que operaba realmente desde una sede en Los Ángeles y otra en Londres.

El segundo es que debió cumplimentar varias exigencias, como la de cubrir un formulario, en el que, entre otros extremos, figuraba la exigencia de aportar la identidad y otros datos de diversas personas, al objeto de recabar de ellas información sobre él como solicitante de trabajo, para valorar su aptitud.

En tercer lugar está el hecho de que tuvo que suscribir un contrato con un minucioso cuadro de especificaciones; y asumiendo precisos deberes (de información, de confidencialidad y otros). Y solo después de cumplimentados estos trámites fue aceptado.

Es verdad que los documentos aludidos están redactados en un mal castellano. Pero también es cierto que esto es algo que sucede a veces, incluso con prospectos sobre el manejo de aparatos electrónicos y otros, de marcas bien conocidas por su implantación en el mercado. Por otra parte, se da la circunstancia de que en aquellos se hacía abundante uso de una jerga jurídica, sin duda idónea para dotarlos de cierta apariencia de seriedad y rigor, sobre todo ante quien no estuviera familiarizado con ella.

Y tal podría muy bien ser el caso de Iván , a la sazón de 26 años, que había realizado (cabe presumir que en su adolescencia) estudios de bachillerato; pero cuya efectiva dedicación laboral de años fue de solador y alicatador; antes de hallarse en paro, su situación en el momento de los hechos.

Pues bien, la sala de instancia, según se ha visto, considera que la presentación de la sociedad contratante tendría que haber hecho sospechar al ahora recurrente; pero prescinde de los datos relativos al fingido marco contractual que acaban de reseñarse, que estaban reflexivamente diseñados para evitar tal sensación, precisamente, en personas de un nivel cultural como el de Iván y en busca de trabajo.

Siendo así, es claro que la decisión condenatoria se funda en una suerte de presunción que tiene en contra los elementos de juicio que acaban de considerarse, de los que puede muy bien inferirse que Iván obró de buena fe. Más aún dándose la circunstancia de que, tanto la formalización de que se rodeó su captación, como el mismo carácter documentado de las intervenciones a su cargo que, además, iban a versar sobre dinero recibido a través de un banco, abundaban en la apariencia de normalidad de la conducta requerida de él.

Esta sala requiere, en general, para la valoración de una conducta imprudente como grave, la infracción de un deber de cuidado considerado elemental en el marco propio de la actividad de que se trate. Y resulta que el propio tribunal de instancia explica en la sentencia que “en el presente supuesto, no consta que el acusado se encontrara en una situación desde la que le fuera exigible apurar las comprobaciones sobre la naturaleza de la oferta laboral recibida por correo electrónico o sobre la efectiva procedencia del dinero transferido a la cuenta bancaria por él abierta, ni tampoco que tuviera una cultura o experiencia suficientes como para detectar que la aparente oferta de trabajo aceptada necesariamente debía enmascarar una actividad penalmente ilícita y, menos, una estafa a terceros”. Es decir, que Iván, dadas las particularidades de la puesta en escena de la operación, apreciadas con la óptica que le ofrecían sus limitados recursos culturales, en realidad, no tuvo motivos para sospechar de la calidad delictiva de la misma. O lo que es igual, desde su representación de las circunstancias del caso, no se le podía pedir que hiciera otra cosa distinta de la que hizo.

Se trata, en fin, de un supuesto que mantiene esencial coincidencia en sus rasgos con el que fue objeto de la sentencia de este mismo tribunal de n.º 997/2013, de 19 de diciembre, confirmando la absolutoria recurrida, y es claro que debe procederse con el mismo criterio, mediante la estimación del motivo.”.

Evidentemente, las sentencias deben respetarse, pero, en mi modesta opinión, todo esto carece de sentido. Quizás ese mismo soldador de 26 años se tenía que plantear por qué una empresa extranjera, de la que no conoce a nadie, para la que nadie le ha recomendado, que está en paro y se encuentra que le ofrecen 2100 € más porcentaje de beneficios para hacer negocios internacionales, etc… Es un problema irresoluble el planteado, desde la perspectiva de cuándo nos encontramos ante el tonto del pueblo y cuándo ante una persona desesperada por obtener trabajo y dinero y que se mete en la boca del lobo sin saberlo. Pero esta postura jurisprudencial se va a volver muy peligrosa el día que los bancos le digan a sus clientes estafados, aquellos a los que esta mula (el acusado), sabiéndolo mejor o peor, les está moviendo el dinero al extranjero, que no cubre la estafa, que no es su problema y que ha recibido una orden de traspaso de dinero autorizada, no haciéndose cargo del problema del cliente que, sin comerlo ni beberlo, se encuentra sin su dinero. Ese cliente se tendrá que pagar una pericial si no estamos ante delito (según esta línea de sentencias) y se va a ver desplumado antes de poder litigar contra el banco.

Esto lleva a repasar el consejo de siempre: hay que ser muy cauto con los enlaces que se pinchan en Internet y muy especialmente con correos electrónicos de procedencia dudosa. Toda precaución es poca.

Por otro lado, los bancos se van a ver obligados, dado el nulo respaldo judicial (que, a fin de cuentas, como ve que el cliente estafado ha sido resarcido por el banco le duele menos que no se condene al mula/pardillo), a reforzar a nivel enfermizo sus protocolos de seguridad informática y tal vez no autorizar salida de dinero a cuentas internacionales si no las firma presencialmente el interesado.

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