Funcionarios y juristas piden al nuevo ministro de Justicia que derogue las tasas judiciales y paralice la privatización del Registro

El anuncio realizado ayer por el nuevo ministro de Justicia en el acto de su toma de posesión, de que analizará y mejorará la ley de tasas judiciales, entre otras medidas que se ha propuesto como objetivos de su mandato, ha despertado reacciones entre diversos colectivos relacionados con la Justicia.

Juristas lo consideran una buena medida

Así, la Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos, integrada por un centenar de abogados, catedráticos y funcionarios de la Administración de Justicia, han considerado como una “buena noticia” el anuncio de reformar la Ley de Tasas Judiciales hecho por Rafael Catalá y le han requerido que derogue estos gravámenes y de marcha atrás en la privatización del Registro Civil.

La Plataforma, que solicitará una próxima reunión con Catalá, ha elogiado su voluntad de diálogo frente al “enfrentamiento continuo” y la política de “externalización” que su antecesor Alberto Ruiz-Gallardón mantenía con la mayoría de los sectores judiciales.

Por ello, los miembros de la Plataforma han confiado en que no se “materialicen” en los términos inicialmente planteados y han defendido la necesidad de alcanzar una “reforma estructural” en la Administración de Justicia. “La única solución a la exclusión que han generado las tasas y la única respuesta digna a los argumentos falaces con que se han implantado, es la derogación de la Ley actual”, han añadido.

Con todo, han dicho no olvidar que el presidente del Gobierno ha “permitido y alentado la negra etapa” vivida durante estos tres años con “reformas traumáticas y confusas por trámites de urgencia innecesarios” que eran vistas con buenos ojos solo por los “sectores más reaccionarios”, “en quienes el anterior ministro encontró siempre respaldo a sus políticas ultraconservadoras”.

CSIF pide a Catalá que retire la privatización del Registro Civil y se comprometa a “blindar” los partidos judiciales

Por su parte, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F) ha emplazado al nuevo ministro de Justicia a “detener” la privatización del Registro Civil y le ha pedido que se comprometa a “blindar” los partidos judiciales y los juzgados de paz.

El sindicato mayoritario en el sector de la Administración Justicia ha instado a Catalá, quien ha tomado este lunes posesión de su cargo, a “paralizar” todas las reformas legales emprendidas por su departamento mientras las negocia con los representantes de los trabajadores.

CSI-F ha solicitado una reunión urgente con el nuevo ministro con la esperanza de que cumpla con el compromiso de mantener una “estrecha colaboración con los agentes judiciales” que ha expresado este lunes al recibir la cartera de Justicia de manos de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón.

Catalá ha fijado este lunes sus prioridades para el resto de legislatura, entre las que ha eludido mencionar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que revoluciona el mapa judicial y se ha encontrado con la oposición del sector judicial.

La central sindical ha mostrado también su deseo de que Catalá abra una “nueva etapa de diálogo en el Ministerio más comprometida con el servicio público de la Justicia y sus trabajadores”.

“Pedimos que blinde el mantenimiento de los partidos judiciales, juzgados y agrupaciones de paz, que favorezca la recuperación de derechos arrebatados desde 2010, que amplíe los medios materiales o que amplíe la oferta de empleo público”, ha expuesto en un comunicado.

Dicho esto, CSI-F ha adelantado que exigirá que Justicia esté dentro de los servicios esenciales que se beneficiarán de una tasa de reposición del 50 por ciento y que además se tenga en cuenta que existen más de 10.000 plazas vacantes presupuestadas y ocupadas por interinos.

A su entender, en esta Administración hacen falta “menos declaraciones grandilocuentes” y más diálogo para lograr una Justicia más ágil y cercana al ciudadano. Por ello, ha confiado en que Catalá apueste por el “capital humano”, frene la política de privatización y dote de los medios necesarios para obtener una Justicia “gratuita, ágil, accesible y que de respuesta inmediata a las demandas de los ciudadanos”.

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