Publicado el Real Decreto Ley de modificación de la Ley Concursal

El Gobierno aprobó, el pasado viernes, un segundo decreto para reformar la ley concursal con el objetivo de evitar la liquidación de empresas en el caso de que sean viables. La norma, publicada en el BOE del sábado, completa las medidas ya implantadas en marzo, en la fase preconcursal, y regula algunos problemas detectados en la fase concrusal. Una de las principales novedades es que amplía las posibilidades para que una mayoría de acreedores imponga quitas a los disidentes.

Según el Ejecutivo, se pretende establecer un “mejor engranaje” entre el convenio concursal y los acuerdos de refinanciación y eliminar los obstáculos legales para la venta de empresas o unidades productivas sin cargas. Sin embargo, la nueva normativa evita imponer a Hacienda y la Seguridad Social estas medidas de alivio si hay consenso en el resto de acreedores, tal y como reclaman la Comisión Europea o el FMI.

Para evitar impagos en la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, el Gobierno sitúa a la Administración y el resto de acreedores en niveles distintos. La normativa, divide a los acreedores privilegiados en cuatro clases a efectos de la votación para la extensión del convenio: laborales, públicos, financieros y el resto. De este modo, para que la medida de alivio pueda extenderse a los acreedores privilegiados disidentes, deberá tener el respaldo del 60 o el 75% de los afectados en cada una de estas cuatro clases de créditos, de forma separada, dependiendo de las medidas a aplicar.

Acreedores ordinarios

Para los acreedores ordinarios se mantiene el régimen de aprobación de convenios ya existente, pero se introduce la posibilidad de extender a los disidentes, si vota a favor al menos el 65 por 100 del pasivo ordinario, las siguientes medidas: Esperas entre cinco y diez años; quitas superiores al 50 por 100; conversión de créditos en acciones o participaciones del deudor, o créditos participativos hasta diez años; transformación de deuda en cualquier otro instrumento financiero de características distintas; y cesión de bienes o derechos en pago de créditos, siempre que no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y que su valor razonable sea igual o inferior al crédito que se extingue o, en caso de ser superior, se reintegre la diferencia.

Además, los acreedores con garantía real, en caso de incumplimiento del convenio, pueden ejecutar separadamente su garantía y percibir, si lo cubre el bien dado en garantía, el importe de la deuda originaria.

Por último, se establece un mecanismo para permitir que las medidas de este Real Decreto Ley puedan aplicarse, por una sola vez, a los convenios adoptados al amparo de la legislación anterior, siempre que se den mayorías reforzadas (superiores a las exigidas para la aprobación del convenio) y que así lo apruebe un juez. Se excluirán de esta previsión a los acreedores de derecho público y laborales.

Trasmisión de unidades productivas

Si pese a todo, la empresa entra en liquidación, la norma establece una serie de mejoras respecto de los procedimientos actuales. Con el fin de facilitar la trasmisión de unidades productivas de bienes o servicios del deudor, se incorporan tres medidas. En primer lugar, se permite la transmisión de contratos y licencias sin el consentimiento de terceros (contrapartes y administración). También se hace posible la transmisión de unidades productivas libre de obligaciones de pago preexistentes, salvo que se acuerde lo contrario o que lo disponga así la Ley como es el caso de salarios y obligaciones con la Seguridad Social. Finalmente, se permite la venta de unidades productivas con bienes dados en garantía, donde se elimina el consentimiento del acreedor, si el adquirente ocupa el lugar del deudor o si percibe el valor de la garantía; y, en otro caso, se prevén mayorías de arrastre.

Por otro lado, el Real Decreto Ley crea una comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento, con funciones de seguimiento de las medidas adoptadas por esta norma. La comisión elaborará un informe anual sobre la efectividad de las medidas y sobre la evolución del endeudamiento del sector privado y sus implicaciones macroeconómicas. Asimismo, se constituye un portal telemático en el BOE con información sobre las empresas en liquidación para facilitar su enajenación.

Cambios en la normativa hipotecaria, a través de la disposición adicional cuarta

El Real Decreto Ley también ha modificado la normativa hipotecaria, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014, que la declaró abusiva, modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil. En virtud de esta modificación, el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se fundara en la existencia de una cláusula contractual abusiva.

Esta nueva previsión se aplicará a los procedimientos de ejecución hipotecaria en los que no se hubiera producido la puesta en posesión del inmueble al adquirente. Adicionalmente, se prevé un plazo de un mes para los procedimientos en los que hubiera concluido el plazo para recurrir el auto que hubiera desestimado la oposición.

Algunos expertos consideran que este tipo de modificación deberían darse a conocer a los afectados por procedimientos ya iniciados mediante notificaciones procesales, a través de procurador, para asegurar así la tutela judicial efectiva. Además, la sentencia del TJUE ha sido dictada y difundida pero todavía no está publicada en el diario oficial de la Unión Europea, por lo que la limitación de un mes a contar desde el pasado sábado para poder presentar el recurso, podría acabar siendo ampliada.

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